Thursday, 26 July 2007

ECONOMÍA-HAITÍ Despidos antes de privatizar

Por Jeb Sprague y Wadner Pierre*

PUERTO PRINCIPE, jul (IPS) - A fines de junio el presidente de Haití, René Préval, anunció que la empresa estatal de telefonía Téléco sería privatizada. Desde entonces, 2.800 empleados fueron despedidos.

Tras el anuncio, en una reunión con la Cámara de Comercio y con el senador del partido oficialista Jean Héctor Anacacis, el presidente terminó de dar forma a su plan para vender la obsoleta compañía.

El impulso privatizador comenzó de forma abrupta y con ello la andanada de despidos. Durante décadas, los prestamistas extranjeros y las firmas multinacionales presionaron a Haití para que adoptara un programa de privatizaciones.

Los despidos son vistos como el primer paso en esa dirección.

El número de teléfonos móviles ha crecido rápidamente y es común escuchar quejas sobre el pésimo servicio que Téléco ofrece a sus clientes de líneas fijas.

Una empresa de telefonía móvil, Digicel, ha estado creciendo a ritmo acelerado desde 2006 y posibilitó que muchos haitianos pobres tuvieran un aparato por primera vez en su vida.

Digicel ofrece a sus clientes un servicio gratuito por los llamados que reciben y equipos con planes prepagos que se pueden adquirir entre 15 y 25 dólares. La empresa así tomó ventaja frente a sus competidoras, Voila y Haïtel, que cobraban entre 50 y 100 dólares por el servicio básico.

Digicel también es muy popular por su presencia en espectáculos deportivos y publicidad en la vía pública, además de su asociación con fundaciones como Fonkoze, que ayuda a los pobres.

El problema es que después de comprar los teléfonos móviles baratos, muchos clientes pobres no pueden pagar el costo del servicio, a pesar de que algunas de las tarjetas para recargar minutos se venden a 1,5 dólares.

El gobierno justificó la privatización de la empresa estatal comparando el número de sus empleados con los de las compañías privadas de telefonía móvil, con el obvio mensaje de que la diferencia revelaba era prueba de la pésima administración de Téléco.

Préval explicó que "Haïtel tiene 500 empleados para atender a 350.000 clientes, Comcel 630 para 650.000 usuarios, Digicel 700 para 1,4 millones de suscriptores y Téléco emplea a 3.293 aunque sólo tiene 150.000 abonados".

En respuesta a los despidos, los trabajadores de Téléco realizaron protestas frente a la sede de la empresa en esta capital. Los críticos del presidente remarcaron que las compañías de telefonía móvil no necesitan tender cables en las calles ni realizar tareas de mantenimiento como las que se requieren en el caso de los teléfonos fijos.

La instalación de las antenas que permiten que los teléfonos móviles tengan señal es realizada por unos pocos técnicos, altamente calificados y bien pagados, frecuentemente extranjeros, mientras que el mantenimiento del cableado de las línea de tierra corre por cuenta de una mal remunerada y poco preparada dotación de trabajadores.

Aunque el costo de una llamada utilizando un teléfono móvil es más caro que el de Téléco, es muy difícil conseguir la instalación de una línea de la compañía estatal. Más de 90 por ciento de los usuarios utilizan los servicios de las empresas privadas, una gran diferencia respecto del panorama de una década atrás.

Las ganancias de Téléco provienen de un pequeño porcentaje que recauda por cada llamada que se realiza dentro del país o desde el exterior hacia Haití, lo cual incluye tanto a las líneas fijas como a las móviles. La empresa cuenta con el potencial para ser financieramente viable, pero requiere que muchos empleados trabajen en sus distintos sectores con oficinas en toda la nación.

Préval se comprometió a pagar el equivalente a un año de salarios a los empleados despedidos.

Los delegados sindicales de Téléco, sin embargo, hablan de una silenciosa campaña de largo plazo para desprestigiar a las empresas estatales. Afirman que ejecutivos que apoyan la privatización, nombrados por funcionarios del gobierno, hacen una deliberada mala administración de la compañía. También denuncian casos de corrupción.

Préval vendió, durante su primer mandato de gobierno (1996-2001), un molino harinero y una compañía de cemento estatales. Los defensores de la privatización dicen que ahora la empresa cementera aporta al Estado importantes ingresos en concepto de impuestos.

Pero muchos pequeños contratistas y sus clientes deben hacer frente a costos del cemento fuera del alcance para quienes aspiran a vivir en una casa de una sola habitación. Donaciones de cemento de Venezuela han otorgado un respiro a los planes de obras públicas en este país.

Brian Concannon, del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití, recuerda que para aliviar la presión de las instituciones financieras internacionales Préval, durante su primera presidencia, privatizó "algunas de las más pequeñas y menos estratégicas empresas estatales". Pero hacia el fin de su mandato la ayuda financiera para Haití ya había comenzado a desaparecer.

Cuando asumió en 2001 el luego derrocado presidente Jean-Bertrand Aristide, quien se oponía a las privatizaciones masivas, los donantes del exterior reaccionaron cortando prácticamente todo el flujo de fondos hacia Haití, un país dependiente de los fondos del exterior aunque reacio a la venta de activos del Estado. Esto complicó aún más a las empresas públicas.

Un trabajador despedido por Téléco, mientras hacía fila para cobrar su indemnización, cuestionó la política de privatizaciones de Préval.

Recordó que antes de la venta de la empresa estatal de cemento una bolsa de ese material costaba entre 0,75 y 1,25 dólares, mientras que el precio ahora excede los cinco dólares. La devaluación de la moneda local, el gourde, es en parte responsable del aumento.

Desde el golpe de Estado que derrocó a Aristide en febrero de 2004, los defensores de la privatización se han fortalecido.

Un gobierno interino, con apoyo del exterior, formuló una estrategia de privatización y despidió al menos 2.000 trabajadores de Téléco junto con otros miles de diversas empresas estatales.

La mayoría de ellos eran pobres y simpatizaban con el gobierno constitucional que había sido derrocado.

En 2006, Préval fue elegido por el voto popular y reemplazó al desprestigiado gobierno interino.

Dirigentes sindicales señalan que las condiciones mejoraron durante la gestión de Préval y que tuvieron conversaciones con el gobierno, pero en las últimas semanas la tensión ha ido en aumento a causa de los planes de privatización del gobierno.

Una de las mayores centrales del país, la Confederación de los Trabajadores Haitianos (CTH, por su sigla en francés), realizó protestas contra las privatizaciones y los despidos en Téléco.

Dirigentes de la CTH indicaron a IPS que, aunque están dispuestos a dialogar con el gobierno, se oponen a las privatizaciones que cuestan puestos de trabajo.

Préval debería buscar, en cambio, alternativas para modernizar la obsoleta telefónica estatal, dado que existe una demanda desatendida de líneas fijas. Enfatizaron que las "políticas neoliberales de privatización" provocaron desastres en toda América Latina.

Los trabajadores despedidos de Téléco que manifestaron durante los últimos días frente a la sede de la empresa ofrecieron, irónicamente, trabajo a las tropas de la fuerza de paz de la Organización de las Naciones Unidas y a la policía haitiana, que fueron estacionadas en la zona en caso de que estallaran disturbios.

El director general de Téléco, Michel Présumé, argumentó que la privatización es una necesidad urgente e indicó que puede ser realizada en forma inteligente. "Los dividendos del molino harinero privatizado llegan, aproximadamente, a los 13 millones de dólares", dijo.

El presidente del sindicato telefónico, Jean Mabou, quien fue despedido, acusó al director general de la empresa de dejar sin trabajo a personas de manera arbitraria e ilegal. Según empleados, hubo muchos casos de despidos para ajustar cuentas políticas.

Présumé dijo que el número de trabajadores de Téléco se reducirá a 1.200 en todo el país, pero los medios de prensa dicen que sólo quedarán 800.

Préval designó una comisión para estudiar la privatización de otras empresas estatales. La Autoridad Nacional Portuaria y la Oficina de Seguro Laboral y de Salud aparecen como las candidatas más probables.

*Jeb Sprague y Wadner Pierre colaboran con HaitiAnalysis.com

(FIN/IPS/traen-jsp/js wp/ca/if lb ic/07)

Tuesday, 24 July 2007

HAITI: Workers Protest Privatisation Layoffs

Wadner and I have up a new piece on IPS.

Haiti: Workers Protest Privatisation Layoffs

By Jeb Sprague and Wadner Pierre*

PORT-AU-PRINCE, Jul 24, 2007 (IPS) - Late last month, President René Préval announced that Haiti's public telephone company, Téléco, would be privatised. Meeting recently with the Haitian Chamber of Commerce and Senator Jean Hector Anacacis of Preval's Lespwa political party, the president finalised plans to sell off the aging enterprise.

The move toward privatisation began abruptly, and according to Téléco, 2,800 employees have been terminated thus far. For decades foreign lenders and multinational corporations have pressured the Haitian state toward privatisation; layoffs are seen as the first step.

Cellular phones have spread rapidly across the country and it is common to hear complaints about Téléco's poor landline service.

One cellular company, Digicel, has grown at a fast pace since 2006, allowing many poor Haitians to own a phone for the first time. By offering incoming calls for free and pre-programmed phones for 15 to 25 dollars, Digicel initially outpaced Voilà and Haïtel, which were charging 50 to 150 dollars for basic phones.

Digicel is also widely popular because of its investment in civic institutions such as sporting events and street signs, and its partnerships with foundations such as Fonkoze, a microfinancer for the poor.

The problem is that after getting the cheap phones, many poor subscribers cannot afford the balance on their phones, despite some of the lowest-priced recharge phone cards selling for about 1.5 dollars.

Haiti's government has justified the privatisation of Téléco by comparing its employment levels with those of the private cell phone companies, adamant that the difference in employee figures reveals gross mismanagement of Téléco.

Préval explained that, "Haïtel S.A., has 500 employees for 350,000 subscribers, Comcel, 630 employees for 650,000 subscribers, Digicel 700 employees for 1.4 million subscribers, Téléco has 3,293 employees for only 150,000 subscribers".

In response to the layoffs, Téléco workers launched protests around the company's Port-au-Prince headquarters. Critics point out that cell phone companies don't require wires being strung in the streets or to perform wire maintenance as do companies using land lines.

Cell tower installation is done by a few highly skilled and paid, often foreign technicians, whereas wire line maintenance is done by a larger and often lower paid, lower skilled work force.

While calls made from cells are more expensive than most Téléco calls, it is extremely difficult to procure a Téléco line. Over 90 percent of phone subscribers use private companies, a vast difference from a decade ago.

Téléco profits from a small fee on every communications transaction with Haiti, whether it originates inside of Haiti or from outside of the country. This includes regular land-lines and all cell phone and calling card communications. Therefore Téléco does have the potential to be financially healthy but it requires many employees to work its various departments, with offices throughout the country.

Préval has committed to paying a year's salary to Téléco employees who are being laid off, as well as those from across much of the civil sector who were illegally fired by the previous interim government.

But labour organisers at Téléco speak of a long-term, quiet campaign to undermine state enterprises. They say managers appointed by officials backing privatisation purposely mismanaged the company in order to justify its break-up, as well as corruption and the use of its infrastructure by competitors as undermining forces.

During his first term in 1996-2001, Préval sold off the Minoterie flour mill and Haiti's public cement company. Supporters of privatisation note that the cement company now provides large tax revenues for the state.

But many small contractors and their clients face cement costs out of reach for those aspiring to live in one-room homes. Cement donations from Venezuela have provided some respite for Haiti's public works.

Brian Concannon, of the Institute for Justice and Democracy in Haiti, recalls that in order to stave off pressure from international financial institutions, Préval, during his first term, dragged his feet and only "let go two of the smallest and least strategic state enterprises." But by the end of his term donors had begun to disengage from providing aid to the state.

With the inauguration in early 2001 of President Jean-Bertrand Aristide, who refused untrammeled privatisation, donors reacted further by cutting off nearly all support to the aid-dependent but privatisation-weary state, placing a further pinch on the civil enterprises.

One recently laid off Téléco worker, while waiting in line to receive his severance pay, challenged Préval's policy of privatisation. He recalled to journalists that prior to Préval's selling off the cement company during his first administration, a bag of cement was 30 to 50 gourdes but now exceeds 200 gourdes - about 5 dollars. However, part of this is due to the devaluation of the gourde.

Since the ouster of Aristide in a U.S.-backed 2004 coup d'état, the advocates of privatisation have become emboldened.

A donor-sponsored interim government helped formulate a privatisation strategy and fired at least 2,000 workers from Téléco and thousands more from other state jobs, most from poor backgrounds who sympathised with the overthrown constitutional government.

In 2006, Préval was popularly elected to office and the widely disliked interim government stepped down.

Labour organisers explain that conditions have improved under Préval and they take part in talks with the government, but in recent weeks tension has grown with the government's move toward privatisation.

One of Haiti's largest labour confederations, the Confédération des Travailleurs Haitiens (CTH), has protested the government's privatisation plan and the layoffs at Téléco.

In a joint statement CTH Secretary-General Paul Loulou Chéry and his deputy, Hubert Jean, pointed out that Haiti's Commission for the Modernisation of Public Enterprises (CMEP) is "very specific on the way the state should proceed, regarding their modernisation; that is, by management contract, concession or capitalisation."

The labour organisers told IPS that while they support talks with the government, they oppose privatisation that costs jobs and believe the government should instead focus on alternatives to fix the aging state telephone enterprise, as there remains an unmet need for landline services. They point out that neoliberal privatisation policies have led to disaster across Latin America.

In recent days, hundreds of dismissed workers have stood in line at the Téléco headquarters in Port-au-Prince, ironically providing work for U.N. troops stationed in Haiti and the Haitian National Police, who were posted nearby in case protests erupted. Several workers said they felt humiliated - "as if we were not worthy to be inside," one former employee told journalists.

The director general of Téléco, Michel Présumé, who recently appeared in a debate on Haiti's National Television, argued that privatisation is urgently needed and stressed it could be done in an intelligent manner. "The dividends of the [privatised] flour mill are about 500 million gourdes [13 million dollars]," he observed.

But negligible dialogue is said to have taken place between the employees of Téléco and the director general. The president of the Télécommunications trade union - who has been fired - Jean Mabou, has accused the director general of illegally and arbitrarily dismissing people. According to many employees there were numerous instances of employees being fired in order to settle political scores.

Présumé says the number of workers at Téléco will be reduced to 1,200 for the whole of the country, but local press reports put the number at 800.

Préval has appointed a commission to study the privatisation of more state enterprises. The National Port Authority and the Office of Insurance Work and Disease are both likely targets.

*Jeb Sprague and Wadner Pierre contribute to HaitiAnalysis.com

(END)

Thursday, 12 July 2007

Monday, 9 July 2007

Michael Manley on food production and ability of a small island country to survive economically

The film "Life and Debt" provides some excellent words from former Jamaican President Michael Manley on the tribulations that a small resource poor country must go through to survive in the 'era of globalization'.




Michael Norman Manley (December 10, 1924 – March 6, 1997) was the fifth Prime Minister of Jamaica (1972 – 1980, 1989 – 1992). Every game in the book was used to undermine his elected government: U.S.eEmbassy financing of opposition civil society, media heads working together to undermine his government, IFI/loan destabilization, breakdown of security into use of gangs, et cetera. See: The film "Life and Debt"